Una generalidad voces bolivianas manifiesta su disconformidad con la justicia nacional y lo vinculan con el Derecho Penal. El anuncio de una reforma promete cambiar un sistema cuya credibilidad se desvanece por las acciones de algunos servidores de la administración de justicia. Los procederes de ciertos abogados coadyuvan en el descrédito del sistema jurídico-penal.
Bolivia encara la reforma del Código Penal y otras normas relacionadas. Los medios informan que destacados abogados internacionales acompañarán la reforma judicial. Baltazar Garzón y Eugenio Raúl Zaffaroni son algunos de los juristas más reconocidos de la comisión reformista.
Su contribución será importante en la redacción de las normas sustantivas y procedimentales, tanto en el fondo como en la forma. Pero eso no garantiza que el sistema penal boliviano cambie.
Las cárceles están repletas de acusados que esperan por meses y años una sentencia condenatoria o absolutoria. El acceso a la justicia no es un derecho universal como establecen los textos normativos. Es un privilegio que goza la población con poder económico y/o político.
Sólo algunos juicios se resuelven con relativa rapidez. La mayoría demora por años, a pesar de existir pruebas y culpables. No siempre los culpables son sancionados, ni los inocentes liberados.
Existen personas que persiguen su declaratoria de inocentes por todos los medios posibles, cuando saben que son culpables. Prefieren pagar a algún “profesional” abogado antes que reconocer su culpa y reparar los daños que ocasionan. Algunos abogados insisten en defender el estatus de inocencia de su defendido, sabiendo que es culpable.
El trato de ciertos administradores de justicia y fiscales no es equitativo hacia las partes. La oportunidad de un debido proceso está determinada por la economía y el poder que ostentan, en muchas ocasiones.
No es secreto que algunos operadores de justicia actúan por temor. Las amenazas de destitución y/o persecución judicial por actores de los órganos Ejecutivo o Legislativo repercuten en las resoluciones judiciales. Una minoría de los funcionarios hidalgos prefiere renunciar antes que obedecer.
Abundan los seminarios y las cumbres judiciales. Ya se sabe que hay problemas en la administración de justicia. Varias sugerencias se plasman en las memorias para su mejoramiento. Todo se materializa en el papel que todo lo aguanta y no en la realidad que demanda reformas urgentes.
Debe agravarse las sanciones de algunos delitos en función a la gravedad y la cotidianidad en su comisión. Por ejemplo el aborto debería ser sancionado con mayor rigurosidad para frenar la irresponsabilidad sexual de muchos jóvenes sobre todo.
Se debe tomar en cuenta las salvedades expresadas en la ley penal. Sería interesante contar con oficinas de la Fiscalía en los hospitales como un mecanismo de control.
El nuevo sistema penal promete despabilar una justicia desvanecida, pero es insuficiente. Deben reducirse las posibilidades de incidentes que sólo dilatan los procesos judiciales. Para una verdadera reestructuración se requiere garantizar en los hechos, la independencia de la administración de justicia de las influencias de actores de otros órganos del Estado.
Los jueces, fiscales y abogados deberán actuar conforme a las disposiciones legales, porque de nada servirá implementar modelos normativos, si es que no existe un cambio de comportamiento comprometido con la justicia social y la ética jurídica.
Mientras no haya un cambio de actitud de las personas, de nada servirá la creación de normas legales modelos.
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